Respeto de las garantías de la mujer desplazada y campesina como sujeto de derechos, en el acceso a la tierra y retorno al campo

Gomez Diaz, Karla Natalia | 2022

Control y vigilancia de la persona jurídica que surge de la propiedad horizontal en Bogotá en el marco de la normatividad vigente a 2022, con enfoque en estratos uno, dos y tres

Woolcott Oyague, Olenka Deniss | 2022-08

En Bogotá, al igual que en gran parte del país, está en constante aumento el número de conjuntos residenciales y edificios, al igual que el número de unidades habitacionales por copropiedad, predios sometidos al régimen de Propiedad Horizontal. Este sistema de vivienda está regulado por la ley 675 de 2001, norma con más de 20 años de vigencia sin actualización alguna, en un sistema que ha tenido cada vez diferentes dificultades en su funcionamiento, en especial en estratos uno, dos y tres. Esta ley establece que de la constitución de los predios al régimen de Propiedad Horizontal surge una persona jurídica sin ánimo de lucro, personería jurídica que es otorgada por el ente territorial correspondiente, entidad que igualmente certifica su existencia y representación legal. Constantemente se conocen diferentes problemáticas presentadas por actos jurídicos y administrativo incorrectos y en algunos casos corruptos, realizados por los órganos de administración de esta persona jurídica, sin embargo, los propietarios no tienen un ente ante quien acudir para prevenir la afectación a los bienes y recurso de los copropietarios, todas las acciones pueden impetrarse mediante demandas civiles y denuncias penales, pero solo una vez se consuman las afectaciones. Igualmente, la falta de conocimiento de los miembros del consejo de administración de las diferentes copropiedades y de los mismos propietarios y residentes permite que se vulneren derechos y recurso de quienes hacen parte de cada conjunto, sin existir un ente al cual se pueda acudir para realizar inspección vigilancia y control. La respuesta de la administración distrital como del gobierno nacional cuando se acude para prevenir esta problemática es la existencia de facultad ni competencia para intervenir en la Propiedad Horizontal. Haciendo revisión de la normatividad vigente a 2022 si existe facultad para el control de la persona jurídica, igualmente se han tramitado diferentes 8 proyectos de ley para la modificación de la ley 675 de 2001, iniciativa que han sido archivadas. Igualmente, a nivel internacional también se evidencia la necesidad de este control, por la tanto es necesario actualizar la ley 675 de 2001 definido el cómo y el que se debe controlar frente a la Propiedad Horizontal, separando el control de lo estrictamente urbanístico, no es el control de la figura física si no de la persona jurídica, por ende deben existir las herramientas necesarias para la inspección vigilancia y control de la persona jurídica que surge de la constitución de los predios al régimen de Propiedad Horizontal.

Análisis al Principio Del Mínimo Vital del Pensionado en Aplicación en Embargo a Pensión hasta El 50% en Procesos Ejecutivos con Acreedores Cooperativas en Colombia, Periodo 2006-2021

López Carrizosa, Luis Enrique | 2022

En Colombia, las pensiones por regla general son inembargables, sin embargo, de acuerdo con el artículo 134 de la Ley 100 de 1993, numeral 5.º, se permite la figura del embargo a las pensiones en favor de acreedores cooperativas legalmente constituidas. Esta investigación pretende contribuir al estudio jurisprudencial del mínimo vital como un derecho fundamental reconocido en la Sentencia T-426 de 1992, en donde se expone que este derecho se deriva de los principios del Estado Social de derecho: dignidad humana y solidaridad, como factores determinantes del desarrollo humano en pro de sus capacidades. A partir de este fallo, la Corte ha sido insistente y precisa en señalar que las personas requieren de bienes que les permitan llevar una vida digna y desarrollar todas sus dimensiones y capacidades como individuos, de modo que se hace necesaria la intervención del Estado para asegurar los mínimos materiales que permitan el disfrute efectivo de estos derechos.

Eficacia de la ley 1761 de 2015, ley que tipifica el feminicidio como delito independiente, en Colombia: bajo criterios de prevención, siendo este, uno de los fines de la pena contemplados en artículo 4 del código penal colombiano

Badrán Blanco, Roberto Ángel | 2021

La presente investigación busca hacer un informe detallado sobre las estadísticas de los feminicidios ocurridos entre el año 2018 y 2020 en Colombia, esto con el fin de establecer si es eficaz la ley 1761 de 2015, mediante la cual el estado colombiano reconoció el feminicidio como un delito autónomo e independiente. Para llevar a cabo los objetivos se estudiará el concepto de eficacia con relación a las funciones que cumple la pena según el artículo 4 la ley 599 del 2000, más conocido como código penal, este desarrollo de conceptos nos llevara a establecer si es eficaz o no

Acumulación Jurídica de Penas y Ley de Seguridad Ciudadana en el Periodo 2004 - 2022 ¿Inconstitucionalidad o Insuficiencia de Política Criminal Colombiana?

Badran Blanco, Roberto Angel | 2022

La prohibición de la prisión perpetua en Colombia es una garantía de orden constitucional, protegida por la Jurisprudencia de los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones, además se encuentra respaldada por el bloque de constitucionalidad, por lo tanto, en la coexistencia de una norma inferior que se encuentre en contradicción en todo o parcialmente con el mandato constitucional, deberá ser excluida del ordenamiento jurídico. La acumulación jurídica y aritmética de penas es una figura legal, que se encuentra en el Código de Procedimiento Penal Colombiano, consiste en la posibilidad que tiene el sujeto destinatario de la acción penal frente a la dosificación de la pena, ya sea por concurso de conductas punibles, por delitos conexos fallados independientemente, o cuando se profieren diferentes sentencias en varios procesos, se tenga en cuenta lo que a purgado de la primera sentencia como parte de la sanción a imponer, sin embargo, tal artículo trae consigo una limitación, no podrán acumularse las penas en circunstancias específicas lo que puede resultar vulnerante al precepto constitucional. Así las cosas, la política criminal actual frente a los artículos 5 y 9 de la Ley 2197 de 2022, puede también resultar violatorio al mandato constitucional, ello en correlación con el artículo 31 del Código Penal Colombiano, pues no estableció con suficiencia cuál será el tratamiento de los delitos masa y continuado en la dosificación ni su aplicación por analogía, además de incrementar las circunstancias de agravación punitiva en el concurso conductas punibles que cuentan en su tipicidad elementos subjetivos. No estableció hasta que tanto se aumentarán las penas, dejando el marco abierto en su interpretación, lo que abre la posibilidad de transgredir la garantía constitucional mencionada

El alcance de la figura del estado de cosas inconstitucional en la vulneración de derechos humanos de la población privada de la libertad en hacinamiento, estudio comparado desde la jurisprudencia de Colombia, Perú y Brasil

Velasquez Chaparro, Daniela | 2022

En esta monografía se realiza un estudio conceptual de la figura del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), y el impacto de su adopción como modelo por otros estados como Perú y Brasil para garantizar la protección de derechos humanos de la población privada de la libertad (PPL) en condición de hacinamiento, se estudia el alcance que tiene el Estado de Cosas Inconstitucional en la construcción de mecanismos para proteger las garantías fundamentales de la población estudiada y se profundiza en el impacto de las líneas jurisprudenciales en la toma de acciones frente a las declaratorias y reiteraciones de la figura. Mediante el análisis comparado obtiene los elementos esenciales y los contrapone para determinar una alternativa material para superar las razones que dieron origen a la consolidación de un estado contrario al derecho y la constitución; realiza un estudio de las políticas públicas penitenciarias desde la base jurisprudencial del Estado de Cosas y propone alternativas para modernizar el derecho constitucional, penal y penitenciario en relación a las necesidades provenientes de fallas estructurales históricas unidas a los retos de la modernidad y el uso de las tecnologías. Destacando la importancia de proponer desde la conciencia real de la norma y la sociedad. Al final, presenta las conclusiones y recomendaciones frente a la alternativa de implementar una política pública integral. Tomando en cuenta el análisis de la información realizado mediante la metodología cualitativa mediante la cual se revisó la información-jurisprudencia-informes, identificó vínculos, patrones y temas comunes, y se ordenó lo obtenido para ser consolidado en la sección de propuesta en donde se responde a la pregunta de investigación.

Paradigmas de la prestación del servicio público de la recolección de basuras y la contratación pública en el distrito de Bogotá a raíz de la sentencia t-724 de 2003

Ávila Hernández, Flor María | 2022

La contratación pública es fundamental para desarrollar los fines esenciales del Estado, por cuanto dicha actividad se encuentra en cabeza de los funcionarios públicos, quienes, como representantes del Estado, son los responsables de satisfacer las necesidades generales de la población, tales como los servicios públicos domiciliarios, en virtud de los principios establecidos en la Constitución política de Colombia. Es por ello que el estado debe velar y garantizar el cumplimiento de los servicios públicos prestados por los particulares a la comunidad, en pro de asegurar la eficacia en el servicio y la protección al consumidor. No obstante, se requiere el cumplimiento de procesos establecidos por el estado, en aras de que los contratos públicos celebrados, sean ejecutados por contratistas idóneos para la función requerida, además que la destinación de recursos se haga de manera óptima. De tal manera, se busca analizar el proceso de contratación ejecutado en la ciudad de Bogotá D.C, respecto a la recolección de basuras durante el periodo de 1993 al 2013, esto, mediante un estudio sucinto de legislación, jurisprudencia y contratos estatales, en donde se evidencien las diversas formas y procesos de contratación que utiliza el Estado para garantizar la correcta prestación del servicio, su gestión administrativa y aún más el cumplimiento de los particulares, así como los actores intervinientes respecto a la integración de los recuperadores finales en dicho esquema; esto con el fin de asumir de manera integral dentro sus políticas y planes de acción, la vinculación de los mismos desde sus desarrollos productivos y finalmente, garantizando el cumplimiento de los fines esenciales del estado inmersos en dicho servicio público.

La propiedad horizontal, un estudio comparado en el marco de la ley 675 de 2001, en Colombia, España, chile y argentina: “la inexistencia de un suplente Para el representante legal”.

Sepúlveda, Myriam | 2022

Actualmente se conoce la propiedad horizontal como una forma de posesión privada que se encuentra entre lo colectivo y lo individual, y cuyo propósito ha sido y es resolver el problema de habitabilidad de las personas en las ciudades ante la falta de espacio físico para la construcción de viviendas individuales, además de inmiscuir también el ámbito comercial y mixto. La Ley 675 de 2001 regula la propiedad horizontal, reglamenta los inmuebles donde convergen derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados, y derechos de copropiedad sobre bienes comunes, esta ley fue creada para garantizar seguridad y sana convivencia respecto de tales derechos que confluyen, promoviendo el trato pacífico, además instituye también lo concerniente a las actas de asambleas, las funciones de los órganos comunitarios, del Administrador, el régimen de convocatorias y el ejercicio del derecho de voto, entre otros aditamentos. No obstante, la normatividad actual que rige la propiedad horizontal no prevé un suplente para el representante legal de la copropiedad, dando por resultado que en muchas ocasiones se presenten serios traumatismos en razón a que dicha ley no contempla un suplente que pueda cumplir las mismas funciones legales del administrador; si bien es cierto que el presidente puede reemplazarlo temporalmente, no se encuentra facultado para representar jurídicamente la copropiedad. En virtud de lo anterior, lo que se pretende con este trabajo es demostrar las falencias que tiene la Ley 675 de 2001, la cual actualmente rige la propiedad horizontal en Colombia. La Ley 675 de 2001 establece que, dentro los tres meses siguientes al vencimiento de la ejecución presupuestal deben realizarse las asambleas generales de copropietarios en todo el país, entre los muchos temas tratados en esta actividad que se debe realizar cada año, está la de elegir el Consejo de administración para el período que inicia; siendo el presidente de esta colectividad quien firma el contrato con el representante legal. El representante legal es el administrador de la copropiedad. De acuerdo con la mencionada ley, solo están obligados a conformar Consejo de Administración los edificios o conjuntos de uso comercial o mixto integrados por más de 30 bienes privados sin tener en cuenta parqueaderos y depósitos. Para las copropiedades que no cumplan estas características será potestativo conformar el Consejo; sin embargo, es una buena práctica que toda copropiedad, sin importar su tamaño o uso, cuente con este órgano, ya que es clave en la gestión y manejo de la persona jurídica. Su elección está a cargo de la Asamblea de copropietarios, sin tener en cuenta más requisitos legales que ostentar la calidad de propietario o ser delegado expresamente por un propietario, esto viene a indicar que los arrendatarios u otros residentes de la copropiedad solo podrán pertenecer al Consejo en calidad de delegados de un propietario de unidad privada. Palabras clave: Propiedad, Horizontal, vacío, jurídicos, derecho, comparado, países, inexistencia, suplente, representante legal.

Prevención y sanción del delito informático de pornografía infantil en Colombia de la sentencia t-724 de 2003

López López, Hernán | 2022

Conforme a las denominadas modalidades de delincuencia organizada transnacional, especial trascendencia adquiere la práctica de pornografía infantil habida cuenta de la vulneración sistemática y flagrante de los derechos humanos y la necesidad que le asiste a los Estados de dar una respuesta oportuna y eficaz en su detección, prevención y represión, conforme a los instrumentos regulatorios internacionales y nacionales. Las modalidades delictivas que se desarrollan a partir del inadecuado manejo de las Tecnologías de la información y comunicación (TIC), permiten la estructuración de los delitos informáticos, escenario preferente para la configuración de la fenomenología de pornografía infantil mencionada. En el estado actual de cosas, la criminalidad informática no cuenta con una adecuada regulación o normativa internacional, toda vez que los gobiernos y sus organismos de control presentan dificultades en la persecución y judicialización de aquellos criminales u organizaciones delictivas que se enriquecen con la comercialización y venta de la pornografía infantil en cualquiera de sus modalidades (grooming, sexting, fishing, entre otras). En este reducto, la comunidad internacional debe aunar esfuerzos y establecer medidas más eficientes que permitan proteger a todas aquellas personas que son víctimas directas e indirectas de la pornografía infantil. Para la sociedad colombiana el tema no es exógeno y, por el contrario, paulatinamente encuentra niveles de expansión, dificultad investigativa y por ende creciente impunidad. El propósito de esta investigación se circunscribe a la identificación de la problemática existente y a la presentación de una alternativa de solución, acorde con las necesidades apremiantes de la sociedad colombiana

Derecho a una educación inclusiva y de calidad a los jóvenes en condición de limitación auditiva: análisis sociojurídico a la ley estatutaria 1618 de 2013

Valenzuela, Ivan | 2022

La educación como derecho fundamental se estableció en la constitución de Colombia en su artículo 67, adicional a esto en el artículo 68 encontramos explícitamente el tema de la educación inclusiva a personas en condición de discapacidad, frente a esto se expresa “la erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales son obligaciones del estado”. Sin embargo, nos encontramos con que la definición de inclusión a lo largo de la historia ha tenido varias corrientes que explican que el concepto como tal aplicado en los diferentes países del mundo no conllevan precisamente a “incluir” a la persona en condición de discapacidad dentro de la normalidad socialmente establecida, sino que, por el contrario los esfuerzos realizados demuestran que la participación activa de esta población se da, pero dentro de su mismo círculo social, esto es, que por ejemplo en ámbitos laborales o incluso universitarios aún no se garantizan de manera efectiva derecho a esta población y si existen normas al respecto que regulan la participación de la misma, se podría deducir a partir de estudios realizados que la cantidad de personas en condición de discapacidad auditiva que puede acceder a la educación formal universitaria y desempeñarse de manera efectiva en el ámbito laboral aún es muy baja. Esta problemática se abordará por medio de un análisis a la ley 1618 de 2013, el decreto 1860 de 1994 en cuanto a la estructuración del PEI (proyecto educativo institucional) en la institución de educación básica y secundaria; proponiendo que se pueda integrar el lenguaje de señas dentro del esquema de educación fundamental y obligatoria como mecanismo real de inclusión a personas en esta condición de discapacidad.

Derecho innominado a ser intentado: exclusiones respecto a la ley 1751 de 2015, impactos y retos frente a la garantía y protección del derecho fundamental a la salud en Colombia

López Carrizosa, Luis Enrique | 2022

La presente Investigación pretende hacer un análisis del Derecho a Ser Intentado frente a la problemática entre lo expresado por el articulo15 de la Ley 1751 de 2015 y su reconocimiento en la Sentencia 057 de 2015, abordando así una problemática existente entre la Ley y los pronunciamientos de la Corte constitucional como vinculantes. Por otro lado, se expone en el presente escrito, el reconocimiento de los Derechos fundamentales y su evolución respecto a los Derechos innominados, evidenciando un fenómeno social, el frecuente cambio del derecho y la necesidad de responder a diferentes cambios sociales, como los cambios culturales, la implementación de nuevas tecnologías y las diferentes situaciones que justifican su evolución. Conforme a lo expresado, se pone en manifiesto los impactos y retos que tiene el reconocimiento del Derecho a Ser intentado, respecto a la Garantía del Derecho a la Salud y la Seguridad Social el Colombia, su desconocimiento por parte de las instituciones y la necesidad de ser estudiado por la academia. Por lo anterior, se pretende proponer una alternativa de solución que ponga en conocimiento a dichas instituciones y a quienes hacen parte de la Academia los impactos y retos que tiene el reconocimiento del Derecho a Ser intentado en el ámbito colombiano y poner en evidencia la necesidad de ser regulado respecto haciendo un ejercicio de derecho comparado entre la normatividad Colombia y Norteamérica respecto al concepto “right to try”

Análisis socio jurídico de la política pública de vivienda: subsidios aplicados a viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario para mujeres cabeza de familia en condiciones de vulnerabilidad, para el periodo 2014 – 2021 en Colombia

Avila Hernandez, Flor Maria | 2022

En la presente investigación se analiza el enfoque diferencial de la política de vivienda colombiana a través de los distintos programas de subsidio que se brindan a mujeres cabeza de familia en condiciones de vulnerabilidad. En Colombia, el fenómeno de la jefatura femenina -monoparental- esta en constante crecimiento y la demanda de una vivienda digna hace parte de las problemáticas a las cuales se enfrentan estas mujeres, en especial aquellas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad debido a sus ingresos precarios. Con la Ley 1232 de 2008 se implementaron diversos deberes que el Estado social de derecho tiene con las mujeres cabeza de familia debido a su condición de proveedoras y cuidadoras; dentro de estos compromisos se encuentra el promover programas de financiación para adquirir un hogar, precepto legal que también se encuentra acompañado por el articulo 53 de la Constitución Política de Colombia de 1991 que plantea como un derecho el acceso a una vivienda digna. Este trabajo hace seguimiento a la implementación de dichas políticas desde los subsidios a Viviendas de Interés Social y Viviendas de Interés Prioritario que fueron entregados desde 2014 hasta 2021

La responsabilidad del ejecutivo en la declaratoria de Inexequibiliadad por inconstitucionalidad de los decretos de estado de conmocion interior.

León Hernández, Miguel Angel | 2010

El presente estudio tiene como objetivo principal analizar el desarrollo, alcance y aplicación del régimen de responsabilidad estatal, al constituirse este como uno de los elementos base sobre los cuales gravita el Estado Social de Derecho, limitando su estudio a las consecuencias cuya génesis se derivaba de la declaratoria de los Estados de excepción de conmoción interior. La monografía comprenderá cuatro capítulos, abordando en el primer capítulo el régimen de responsabilidad estatal, que incluirá antecedentes históricos como la Teoría de la irresponsabilidad absoluta del Estado iniciando con la óptica teocrática de las monarquías absolutistas, continuando con el análisis de antecedentes jurisprudenciales franceses, españoles y Colombianos que desplazaron paulatinamente las premisas que habían servido de cimiento de la irresponsabilidad y dieron origen al establecimiento progresivo de la responsabilidad estatal.

Amazonía colombiana sujeto de derechos: análisis del fallo de la corte suprema de justicia sala de casación Civil stc 4360 de 2018 en el municipio de Cartagena del Chaira - Caquetá

Motta Vargas, Ricardo | 2021

In 2018 a group of 24 girls, boys and adolescents brought a tutelary action for protecting the “Supra-legal “rights, of having an environment, live and health, which me allegedly were violated by the Republic presidency, the ministries of environment and sustainable development and Agriculture and rural development, the special administrative unit of natural national parks of the governance of Amazonas, Caquetá, Guania, Guaviare, Putumayo and Vaupes, due to the increased deforestation in Colombian’s Amazon. The plaintiffs based their claim on the fact that the Colombian’s state signed the Paris’ agreement, whose objective was deal with the climate change and its negative effects, likewise with the Law 1753 of 2015, the government acquired national and international commitments of “reducing deforestation and emission of greenhouse gases in the context of climate change”, among which it is highlighted the duty of reducing “the net rate of deforestation to zero in Colombia’s Amazon for 2020” and that in accordance with the informs of early deforestation alerts -EDA, the deforestation in Colombia had an important increase in 2016 and 2017, which is alarming. The Superior Court of the Judicial District of Bogotá, upon analyzing the assumptions set forth by the plaintiffs of the action, indicated that the tutela was not the appropriate means to request the protection of the collective right to a healthy environment, since the legal system contemplates the popular action referred to in article 88 of the Political Constitution. Not satisfied with this, the judgment was challenged, the plaintiffs stated that the tutela action was a suitable means to request the protection and that it was also proven that in the specific case there was an irremediable damage. In the analysis of the challenge, the Supreme Court of Justice - Civil Cassation Chamber determined that the Colombian state has not efficiently faced the problem of deforestation in the Amazon and ordered the different administrative authorities, both national and territorial, to generate actions to mitigate deforestation in the region. Therefore, this paper will address in a broad manner the assumptions that are considered relevant and that motivated the ruling such as international instruments, domestic legislation and jurisprudence in light of the problem of deforestation in the Amazon, the philosophical concepts such as anthropocentrism, biocentrism and ecocentrism, biocentrism and ecocentrism in the socio-legal discussion on the environment and introduction legal subjectivity of the environment finally the analysis of the execution of the STC 4360 ruling of 2018 of the supreme court of justice civil cassation chamber facing the environmental situation in the municipality of Cartagena del Chairá- Caquetá, where the impact that the ruling has had when mitigating deforestation in the municipality will be verified.

Nuevo régimen de zonas francas en Colombia, modelo inequitativo frente a los pequeños empresarios, que puede generar casos de competencia desleal, abuso del derecho y desigualdad económica.

Jiménez Muñoz, Fernando Enrique | 2018

Las zonas Francas ZFs o Zonas Económicas Especiales (SEZ, por sus siglas en inglés) son furor entre los gobiernos que esperan aumentar sus números de comercio e inversión, se han convertido en enclaves en donde los exportadores y otros inversionistas reciben grandes beneficios en impuestos, aranceles y temas regulatorios, sin embargo, este auge está creando distorsiones dentro de las economías, así como significativos costos fiscales para los Estados que deben incurrir en altas inversiones para proveer la infraestructura requerida y adicionalmente dejan de percibir importantes ingresos tributarios. La esperanza del retorno en esta relación costo-beneficio radica en que estos operadores y usuarios maximicen su operación y generen retorno por medio del impulso al empleo, al comercio y la generación de valor por a través del fortalecimiento de los procesos de industrialización, atrayendo mayor inversión extranjera directa IED, sin embargo, muchas ZFs fallan o simplemente su modelo original se diluye gracias a débiles políticas fiscales que otorgan a estos modelos demasiados beneficios y exenciones tributarias. En el caso colombiano varios estudios muestran que estos modelos de comercio han venido mutando su actividad, gracias a que en el nuevo régimen establecido con la Ley 1004 de 2005, estas empresas no quedaron obligadas a exportar su producción, situación que en un modelo de Economía Social de Mercado como lo es el nuestro, puede generar problemas de inequidad tributaria y desigualdad económica empresarial.

Minimización del riesgo de fraude fiscal en las devoluciones improcedentes del impuesto a las ventas “un modelo de fiscalización tributaria”

Badrán Blanco, Roberto Ángel | 2018

A partir del análisis de situaciones concretas de fraude fiscal, se propone un diseño de un programa nacional para el control de devoluciones en el impuesto a las ventas. En el abordaje de esta problemática compleja, hubo la necesidad de integrar, de manera conjunta, dos puntos de vista técnicos: de una parte, desde la perspectiva del contribuyente, y de la otra, desde el Estado, a través de la Dirección de Impuestos Nacionales -DIAN-, la entidad estatal encargada de controlar y fiscalizar los impuestos en Colombia. En las alternativas de solución, sólo se tendrá en cuenta el contribuyente del sector real de la economía, puesto que en el sector financiero no se presentan tales devoluciones.

Análisis socio jurídico del discurso de la masculinidad en la juventud bogotana: el caso de las el litigio fronterizo colombo Nicaragüense desde la perspectiva del concepto de validez de Robert Alexy. una mirada crítica al litigio marítimo y las consecuencias derivadas del fallo de la corte internacional de justicia

Valenzuela Macareño, Iván Daniel | 2018

Desde la independencia Latinoamérica ha enfrentado diferentes problemas para establecer los límites de la soberanía territorial de cada una de sus naciones sobre la base del Tratado de Tordesillas y el Uti possidetis iuris de 18101 . Así, el diferendo limítrofe colombio-nicaragüense sobre el Archipiélago de San Andrés es de vieja data, aunque solo a partir del año 2001 alcanza ribetes jurídicos internacionales. Ya que en ese año Nicaragua demandó formalmente a Colombia ante la Corte internacional de Justicia (CIJ)2 reclamando la soberanía sobre del Archipiélago3 y solicitando se trazara una línea limítrofe entre ambos países, con fundamento en el ataque a la validez que poseía el tratado Esguerra-Bárcenas al respecto4 . Con el fallo del 19 de noviembre de 2012 la CIJ otorgó plena validez al Tratado Esguerra – Bárcenas, concedió la soberanía del archipiélago a Colombia y realizó la delimitación marítima correspondiente. Esta última favorable a Nicaragua. Este trabajo pretende valorar de manera teórica, bajo la figura de validez formal y material de Robert Alexy, los alcances de la decisión de la Corte Internacional de Justicia para Colombia y su posición al respecto, particularmente desde el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la materia. El método de esta investigación es descriptivo y documental y plantea una propuesta de solución desde el consenso académico de una política de Estado sobre soberanía territorial

Incidencia de las órdenes de prestación de servicios frente a las plantas de personal de la secretaría distrital de gobierno y la secretaría de seguridad convivencia y justicia de la ciudad de Bogotá D.C. 2008-2018

Sepúlveda López, Myriam | 2018

Esta investigación está encaminada a analizar las plantas de personal de la Secretaría Distrital de Gobierno y la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia en contraste con las Ordenes de Prestación de Servicios con las que cuentan las dos entidades, para esto, en primer lugar, se realizará un desarrollo teórico que permita comprender el tema de carrera administrativa desde un punto de vista conceptual y legal, de igual forma, se observará el desarrollo y aplicación que ha tenido el concepto de carrera administrativa en la administración pública de Colombia, este desarrollo de igual forma se hará para el tema de órdenes de prestación de servicios. Una vez hecho este recorrido teórico, se hará el análisis de las plantas de personal y de las personas vinculadas mediante Ordenes de Prestación de Servicios de las dos Secretarías antes mocionadas, esto se realizará a partir de las bases de datos que fueron suministradas por la dos Secretarías, así como, fuentes de información aportada por otras entidades como el DASCD, DAFP, Secretaría de Hacienda del Distrito, entre otras. Información que se tabulará y se comparará entre sí, para así poder visualizar cuál es la situación de las plantas de personal de estas dos entidades, frente a las órdenes de prestación de servicios y de esta manera proponer una o varias alternativas que lleven a dar una solución al problema planteado.

Análisis socio jurídico del discurso de la masculinidad en la juventud bogotana: el caso de las localidades de Suba y Engativá.

Motta Vargas, Ricardo | 2018

Desde la juventud se han impulsado diferentes prácticas en torno a los estudios feministas respecto de la forma de comprensión de la masculinidad en el siglo XXI; por ello, se propone un conjunto de herramientas discursivas, donde la pretensión principal se traduce en discutir las diferentes formas como se ha entendido la relación entre derecho y masculinidad desde las transformaciones sociales propiciadas por la juventud que fundamentan nuevas tendencias del Derecho en Colombia y el mundo. En función de ello, el propósito es identificar el discurso de la masculinidad desde un análisis socio jurídico de las relaciones humanas de la juventud bogotana, en las localidades de Suba y Engativá, de modo que estudio esquematizado profundice en la teorización de la práctica de la juventud, concretando algunas perspectivas de la masculinidad como eje de disputa social y jurídica en aplicación e interpretación del Derecho.

Incidencia de los medios de comunicación televisivos más vistos en Colombia (Caracol y Rcn), en la toma de decisiones jurídicas y políticas de los Bogotanos, especialmente en la localidad de Ciudad Bolívar.

Muñoz Ramirez, Hector Andrès | 2018-06

Los medios de comunicación televisivos en Colombia, se inauguraron bajo los principios de educación, cultura e información, con el paso del tiempo debido al auge neoliberal y capitalista fueron privatizándose, perdiendo notoriamente los principios y fines iniciales. Debido a esto se logra demostrar que en Colombia existe un vacío legislativo en materia de regulación televisiva, y que la televisión actualmente sigue teniendo incidencia alta en las decisiones políticas y jurídicas de las personas. A través de trabajo documental y de campo, se estableció que la Localidad de Ciudad Bolívar, es la más vulnerable de Bogotá entorno a la incidencia de estos medios, demostrándose a través de encuestas y entrevistas que RCN y Caracol tuvo principal incidencia a través de su discurso, en la votación a favor del No en el plebiscito por la paz del día 2 de octubre de 2016. Debido a esto, nace como alternativa de intervención, la radicación de un proyecto de ley de regulación de medios televisivos, que posiciona como fin primordial la recreación de los fines de educación, cultura e información obligatoria en televisión, y la puesta en marcha de foros de concientización acerca de la incidencia de la televisión.