Análisis de convencionalidad. Perspectiva de género en el sistema nacional penitenciario y carcelario colombiano: la criminalización de las mujeres pobres en Colombia.
Trabajo de grado - Pregrado
2022
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
En el año de 1998, la Corte Constitucional declaró por primera vez
mediante la Sentencia T-153/1998 el Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI)
al interior del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario (SNPC). Dicha
declaración, fué reafirmada en el año 2013, por la Sentencia T-388/2013,
dando la Corte un salto cualitativo y fija su atención en los derechos de los
“Sujetos de Especial Protección Constitucional”, afirmando que toda persona
privada de la libertad, sin importar cuál sea su condición, se encuentra en
relación especial de sujeción con el Estado, y en este sentido se reconocen
excepcionalmente a mujeres, niños, niñas, extranjeros, personas con
orientaciones sexuales diversas, indígenas y afrodescendientes como sujetos
de especial protección.
Sin embargo, a pesar de la declaración de ECI, la tutela de los derechos
de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) y la creación de Observatorios
y Mesas de seguimiento, permanece en lo concreto y lo cotidiano la crisis
carcelaria, son alarmantes las cifras de hacinamiento, como se evidencia en
el histórico de población penitenciaria, el número de personas privadas de la
libertad ha aumentado de forma extraordinaria. Donde para el caso de las
mujeres y personas diversas sexualmente, la vulneración de derechos
humanos pasa por una comprensión de la “perspectiva de género” y la falta de
condiciones de infraestructura y procesales que tenga en cuenta dicha
perspectiva.
De tal modo, se plantea un desde un enfoque crítico-propositivo un
análisis cualitativo de corte socio-jurídico, a partir de los lentes epistemológicos
de la criminología crítica feminista a la categoría “perspectiva de género”. Realizando mediante la técnica de la revisión documental, una delimitación en
doble sentido, uno teórico-conceptual y otro, jurídico-normativo, con ánimo de
abordar la relación sociológica y normativa del problema socio-jurídico,
adicionalmente, dicho análisis dinámico de presentes se realizó mediante la
técnica de construcción de línea jurisprudencial.
Dicha continuidad y permanencia del ECI por más de 24 años, se debe
al afianzamiento del neoliberalismo como fórmula de mercado, que establece
como campos de exclusión a los Establecimientos Penitenciarios, además de
tener en cuenta que Colombia, es un país marcado por largo periodo de
duración de conflicto político, social y armado, resultando ser un caldo de
cultivo para la feminización de la pobreza, lo que conlleva a que muchas
mujeres pobres debido a la falta de oportunidades entren a hacer parte de las
cadenas de criminalidad, generalmente, el eslabón más débil.
La continuidad de la vulneración de los DDHH de PPL hace uso de la
figura de la inconstitucionalidad para exceptuar al Estado de su
responsabilidad. Haciendo necesario plantear un estudio de convencionalidad,
que permita encontrar a nivel internacional herramientas jurídicas, con la
intención de transpolar dicho marco normativo intencional a los DDHH de las
mujeres, niños, niñas y personas diversas sexualmente PL. En ese sentido, se
ubican los Convenidos internacionales: Convenio para la Eliminación de todas
las formas de discriminación contra las mujeres y la Convención de Belem Do
Para, ambos ratificados por Colombia. Además del caso 11.656 de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de Marta Lucía Álvarez Giraldo
vs. el Estado Colombiano, donde a partir de las recomendaciones emitidas por
la CIDH se toman medidas por parte del INPEC para el tratamiento penal con
“enfoque diferencial”.Por consiguiente, en un sentido propositivo, se construyó una medida
cautelar, en un sentido hipotético, bajo los parámetros y requisitos de la CIDH,
con el fin de blindar desde un marco convencional los derechos de mujeres,
niñas y niños y personas diversas sexualmente PL en las cárceles
colombianas. In 1998, the Constitutional Court declared for the first time through
Judgment T-153/1998 the State of Unconstitutional Matters (ECI) within the
National Penitentiary and Prison System (SNPC). Said declaration was
reaffirmed in 2013, by Judgment T-388/2013, giving the Court a qualitative leap
and focusing its attention on the rights of "Subjects of Special Constitutional
Protection", affirming that every person deprived of liberty , regardless of their
condition, is in a special subjection relationship with the State, and in this
sense, women, children, foreigners, people with diverse sexual orientations,
indigenous people and Afro-descendants are exceptionally recognized as
subjects of special protection.
However, despite the ECI declaration, the protection of the rights of
Persons Deprived of Liberty (PPL) and the creation of Observatories and
Monitoring Tables, the prison crisis remains concrete and daily, the
overcrowding figures, as evidenced in the history of prison population, the
number of people deprived of liberty has increased extraordinarily. Where, in
the case of women and sexually diverse people, the violation of human rights
goes through an understanding of the "gender perspective" and the lack of
infrastructure and procedural conditions that take this perspective into account.
In this way, a qualitative socio-legal analysis is proposed from a criticalpropositional approach, from the epistemological lenses of critical feminist
criminology to the category "gender perspective". Carrying out, through the
technique of documentary review, a two-way delimitation, one theoreticalconceptual and the other, legal-normative, with the aim of addressing the
sociological and normative relationship of the socio-legal problem.
Said continuity and permanence of the ECI for more than 24 years is
due to the consolidation of neoliberalism as a market formula, which establishes Penitentiary Establishments as fields of exclusion, in addition to
taking into account that Colombia is a country marked by a long period of
duration of political, social and armed conflict, turning out to be a breeding
ground for the feminization of poverty, which means that many poor women
due to lack of opportunities become part of the crime chains, generally, the link
weaker.
The continuity of the human rights violation of PPL makes use of the
figure of unconstitutionality to exempt the State from its responsibility. Making
it necessary to propose a study of conventionality, which allows finding legal
tools at the international level, with the intention of transpolating said intentional
normative framework to the HR of women, children and sexually diverse people
PL. In this sense, the international agreements are located: Convention for the
Elimination of all forms of discrimination against women and the Convention of
Belem Do Para, both ratified by Colombia. In addition to case 11,656 of the
Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) of Marta Lucía Álvarez
Giraldo vs. the Colombian State, where, based on the recommendations issued
by the IACHR, measures are taken by INPEC for criminal treatment with a
“differential approach”.
Therefore, in a proactive sense, a precautionary measure was
constructed, in a hypothetical sense, under the parameters and requirements
of the IACHR, in order to shield from a conventional framework the rights of
women, girls and boys and sexually diverse people PL in Colombian prisons.
- ADA. Derecho [294]
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