Fundamentos jurídico-ideológicos comunes en la política de seguridad democrática de los gobiernos 2002-2010 y 2018-2022 en materia de estudio del derecho a la protesta

Ávila Hernández, Flor María | 2023-05-11

En Colombia es preocupante la cifra creciente de violaciones de derechos humanos y, en específico, del derecho a la protesta; en este sentido, en el 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas en el país, rechazó toda forma de violencia y reiteró la importancia de que el Estado honre sus obligaciones internacionales. Durante el informe presentando a lo largo del 2021 por Colombia a la CIDH, el Estado colombiano informó que, a la fecha, se había llevado a cabo, al menos, 9623 protestas en 794 municipios del país, con la participación aproximada de 1 493 791 personas. Del mismo modo, comunicó que, del total de protestas, 7801 no han presentado incidentes; sin embargo, la Comisión resaltó que en al menos 1038 manifestaciones se habían presentado casos de fallecimientos, desapariciones, personas heridas y agresiones sexuales, como consecuencia del uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza. Estos hechos se registraron, especialmente, en ciudades como Bogotá, Cali, Pereira, Popayán y Yumbo y los pueblos indígenas, las mujeres y las personas afrodescendientes tuvieron afectaciones particulares. En su Informe de Protesta y Derechos Humanos, la CIDH señaló que la dispersión o desconcentración de las manifestaciones de forma legal y legítima solo puede permitirse en casos muy excepcionales, mediante una orden expresa y fundamentada acerca de un riesgo grave para la vida o para la integridad física de las personas y, más que nada, cuando se haya intentado el diálogo y cuando no fuera posible otras medidas menos lesivas para proteger esos derechos. Asimismo, la decisión de dispersar una protesta por parte del Estado debe ser comunicada y explicada de manera clara, de modo tal que se permita su comprensión y cumplimiento por parte de los manifestantes, ofreciéndoles tiempo suficiente para dispersarse sin acudir al uso de la fuerza. Según las cifras oficiales del Centro de Investigación Popular (CINEP), dentro de los periodos presidenciales del 2002-2010 y 2018-2022 se encuentran las cifras más altas de violación a los derechos humanos y específicamente, del derecho a la protesta; además, los gobiernos de turno de esos años estuvieron gobernados por dirigentes de la misma ideología y el mismo partido político. Debido a lo anterior, fue necesario identificar los fundamentos jurídicos ideológicos comunes en la política de seguridad democrática y su efectividad o no, en relación con el respeto de los derechos humanos y, más que nada, al derecho humano a la protesta.