Fundamentos jurídico-ideológicos comunes en la política de seguridad democrática de los gobiernos 2002-2010 y 2018-2022 en materia de estudio del derecho a la protesta

Ávila Hernández, Flor María | 2023-05-11

En Colombia es preocupante la cifra creciente de violaciones de derechos humanos y, en específico, del derecho a la protesta; en este sentido, en el 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas en el país, rechazó toda forma de violencia y reiteró la importancia de que el Estado honre sus obligaciones internacionales. Durante el informe presentando a lo largo del 2021 por Colombia a la CIDH, el Estado colombiano informó que, a la fecha, se había llevado a cabo, al menos, 9623 protestas en 794 municipios del país, con la participación aproximada de 1 493 791 personas. Del mismo modo, comunicó que, del total de protestas, 7801 no han presentado incidentes; sin embargo, la Comisión resaltó que en al menos 1038 manifestaciones se habían presentado casos de fallecimientos, desapariciones, personas heridas y agresiones sexuales, como consecuencia del uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza. Estos hechos se registraron, especialmente, en ciudades como Bogotá, Cali, Pereira, Popayán y Yumbo y los pueblos indígenas, las mujeres y las personas afrodescendientes tuvieron afectaciones particulares. En su Informe de Protesta y Derechos Humanos, la CIDH señaló que la dispersión o desconcentración de las manifestaciones de forma legal y legítima solo puede permitirse en casos muy excepcionales, mediante una orden expresa y fundamentada acerca de un riesgo grave para la vida o para la integridad física de las personas y, más que nada, cuando se haya intentado el diálogo y cuando no fuera posible otras medidas menos lesivas para proteger esos derechos. Asimismo, la decisión de dispersar una protesta por parte del Estado debe ser comunicada y explicada de manera clara, de modo tal que se permita su comprensión y cumplimiento por parte de los manifestantes, ofreciéndoles tiempo suficiente para dispersarse sin acudir al uso de la fuerza. Según las cifras oficiales del Centro de Investigación Popular (CINEP), dentro de los periodos presidenciales del 2002-2010 y 2018-2022 se encuentran las cifras más altas de violación a los derechos humanos y específicamente, del derecho a la protesta; además, los gobiernos de turno de esos años estuvieron gobernados por dirigentes de la misma ideología y el mismo partido político. Debido a lo anterior, fue necesario identificar los fundamentos jurídicos ideológicos comunes en la política de seguridad democrática y su efectividad o no, en relación con el respeto de los derechos humanos y, más que nada, al derecho humano a la protesta.

Indiferencia del legislador para el reconocimiento laboral de la prostitución en Colombia del año 2010 al 2020

Gonzalez Sarmiento, Henry Andrey | 2022

El presente trabajo de investigación pretende abordar la prostitución en Colombia en el periodo de tiempo comprendido desde el 2010 hasta el 2020, en relación con la indiferencia por parte del Congreso de la República; órgano designado competente constitucionalmente para la creación de las normas y a quien le corresponde la regulación del fenómeno social de la prostitución, Entidad que a la fecha no ha abordado esta problemática aun cuando esta resulta importante, relevante y que ahonda en la sociedad actual. La prostitución es una situación cierta, concreta, notoria que se ha prolongado en la historia de la humanidad desde tiempos remotos, y para el caso concreto, la prostitución en Colombia no es un hecho social nuevo, por el contrario, desde la llegada de esta ocupación al país las trabajadoras sexuales se han mantenido en el desarrollo de la prostitución bajo los criterios de informalidad en materia de empleo, de este modo las garantías laborales tales como afiliación a al sistema general de seguridad social, estabilidad laboral reforzada, entre otros, se ven vulnerados al mantenerse en la informalidad y marginación. Es por este motivo principalmente que esta investigación cuenta con relevancia social, es de tipo socio – jurídico y cuenta con análisis documental, a través de esta metodología se permitió llegar a la conclusión, entre otras, que si la prostitución fuese regulada se podría disminuir la tasa de desigualdad social en el país.

Incidencia de la política criminal sobre el hacinamiento en el establecimiento carcelario La Modelo de Bogotá D.C. en el periodo de 2019 -2022

Bradrán Blanco, Roberto Ángel | 2023

En Colombia la cantidad de personas privadas de la libertad han superado los límites que la infraestructura penitenciaria podría ofrecer, el Establecimiento Carcelario la Modelo no ha sido ajena a esta situación, razón por la cual es pertinente hablar de un alto índice de hacinamiento presente en los últimos años en este centro de reclusión, fenómeno que no trae consigo la simple acomodación de varias personas que están cumpliendo su pena en un espacio reducido, sino que el hacinamiento necesariamente facilita la vulneración de todos los derechos fundamentales de los privados de la libertad. Esta situación de vulneración sistemática y continua de derechos fundamentales llevó precisamente a que la Corte Constitucional T-153 de 1998, abordara en un primer momento el problema jurídico sobre las condiciones en las que habían sometido a las personas privadas de la libertad en un establecimiento permeado por el hacinamiento, realizando este análisis precisamente en las Cárceles Modelo de Bogotá y Bellavista de Medellín, identificando consecuentemente la vulneración masiva y sistemática de derechos fundamentales de los internos, por ello en aras de restablecer un orden garantista para los internos, la Corte Constitucional ordenó que la elaboración y ejecución de un plan de acción que garantizara condiciones dignas en el marco del cumplimiento de una pena dentro del establecimiento penitenciario. Para el año 2013, la Corte Constitucional recoge todas las tutelas revisadas que pretendían principalmente el amparo de protección de derechos fundamentales como la integridad humana, la vida y la salud, declarando en Colombia el estado de cosas inconstitucional mediante sentencia T-388 de 2013, ordenando a la institucionalidad la toma de decisiones y acciones necesarias para detener la vulneración masiva y sistemática de derechos fundamentales. 7 En este orden, la Corte Constitucional con la sentencia T-762 de 2015, evaluando los alcances del estado de cosas inconstitucional declarado previamente con la sentencia T-388 de 2013, indica claramente que en Colombia existe una clara ausencia de políticas públicas, especialmente una política criminal adecuada, pues consideró que esta política ha estado al margen de los hechos presentes en los establecimientos carcelarios, por cuanto es reactiva, populista y con poca reflexibilidad y no es coherente con lo planteado. La anterior situación lleva entonces a cuestionar el enfoque de la política criminal adoptada en el Estado colombiano, pues se observa que no sólo se están vulnerando los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, sino que se empieza a evidenciar que los programas de resocialización son insuficientes, intensificando la reincidencia. Estas características iniciales de los efectos de la política criminal sobre el hacinamiento carcelario, especialmente en el Establecimiento Carcelario la Modelo de Bogotá D.C., obedece en principio a que la función de la pena plasmado en el artículo 4 de la ley 599 de 2000, ha sido enfocada al temor que causa la consecuencia jurídica en la persona cuando ha cometido un delito, especialmente con la privación de la libertad. En consecuencia, una política criminal adecuada es el eje central o pilar fundamental para empezar a reducir el hacinamiento carcelario, porque si no se adopta una política criminal acorde con la realidad nacional, donde la función de la pena sea en realidad resocializadora y preventiva, no surtirá el efecto positivo que se necesita, y de nada servirá modificar las leyes penales, endureciendo las penas, creando nuevos tipos penales, crear más cárceles, si todas esas acciones no se concretan en un objetivo que integre toda la institucionalidad y el fin primordial, prevenir el delito, por ende el hacinamiento carcelario.

“El Derecho a la educación con estrategias de flexibilización curricular para estudiantes con discapacidad motriz en la Facultad de Derecho de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca” 2015-2022”

Serrano Suárez, Over Humberto | 2023

Esta monografia tiene como objetivo identificar las limitaciones y mejorar las políticas de inclusión en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca para que las personas con discapacidad física motriz puedan acceder a la educación superior y tener una formación de calidad, sin obstáculos que dificulten su proceso educativo. La investigación se centra en la relación entre discapacidad, educación superior y política institucional, y se enfoca en la Facultad de Derecho de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. La discapacidad física motriz es el resultado de varios factores, incluyendo factores sociales, culturales y políticos, y la educación inclusiva tiene como objetivo analizar los obstáculos que deben enfrentar las personas con discapacidades en el sistema educativo. Es importante señalar que no se trata solo de permitir el acceso a la universidad, sino también de mantener a los estudiantes con discapacidades en ella, y para ello es necesario transformar el sistema educativo para atender a sus necesidades específicas. Una estrategia curricular que puede utilizarse es la flexibilización curricular, que implica la adaptación de los programas de estudio y los procesos de enseñanza para que sean accesibles y relevantes para todos los estudiantes, incluyendo aquellos con discapacidades. El objetivo final de esta investigación es lograr que las políticas de inclusión se pongan en práctica y que los estudiantes con discapacidades físicas puedan graduarse de manera satisfactoria y acceder a una vida laboral digna, en la que puedan ejercer su profesión y contribuir a la sociedad. Esto promueve la igualdad de oportunidades y ayuda a eliminar prejuicios y estereotipos hacia las personas con discapacidades.

El derecho fundamental a la alimentación de la población privada de la libertad (PPL) en las cárceles y penitenciarias de media seguridad (CPMS) en el marco del proyecto de Ley 336 del 6 de febrero de 2023

Badran Blanco, Roberto Ángel | 2023-04

El estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario, que se ha extendido a los centros de reclusión transitoria, es una situación vergonzosa que lleva ya 25 años y que denota muy pocos avances en construcción de una política pública que permita superaran el tortuoso estado de las personas privadas de la libertad desde un enfoque de derechos. Este estudio procura establecer una alternativa a la visión desde las dimensiones de la legalidad-validez y de la eficacia-eficiencia con que se ha abordado el problema de la materialización del derecho fundamental a la alimentación en la Población Privada de la Libertad (PPL) de las Cárceles y Penitenciarias de Media Seguridad –CPMS- del país en el marco del Proyecto de Ley 336 del 6 de febrero de 2023. Ello apunta a un conocimiento cualitativo de la situación de hambre de la PPL y la subsecuente vulneración de otros derechos humanos fundamentales que permita aportar elementos necesarios a la discusión, en el escenario legislativo, de un proyecto de ley que dice “humaniza la política criminal y penitenciaria para contribuir a la superación del estado de cosas inconstitucional”, aunque persiste en el tratamiento de la vulneración de los derechos humanos de la PPL como un asunto que remite primordialmente a la cuestión del hacinamiento.

Responsabilidad extracontractual del estado por defectuoso funcionamiento cuando se traten derechos prevalentes. “Una mirada desde el proceso de fijación de cuota alimentaria en Colombia de 2017 al 2022”

Moreno González, Fernando Antonio | 2023-04-27

Este proyecto de investigación surge por la falta de credibilidad y confianza en la Administración de Justicia, pues según la encuesta Gallup Poll, “la desfavorabilidad de la justicia llegó al 81%” (Invamer, 2021) y en adición, del estudio de Justicia Como Vamos el cual “reveló que el 42 % de los ciudadanos manifiesta no acudir al sistema de justicia porque se demora mucho en resolver los casos” (Red de Ciudades Cómo Vamos et al., 2021) se puede deducir como consecuencia lógica, la pérdida de legitimidad en la institución de la Justicia. A raíz de la percepción desfavorable de la Administración de Justicia por la tardanza en la solución de controversias jurídicas, emana la necesidad de plantear un mecanismo de carácter constitucional que propenda por la defensa del asociado y el acceso efectivo a la justicia, ya que por el defectuoso funcionamiento de la misma consistente en que se desbordan los límites del plazo legal y razonable en la solución de un caso, es que se tiene una perspectiva negativa de la justicia. La Reparación Directa por defectuoso funcionamiento, es el mecanismo idóneo que puede utilizar un asociado que acudió a la Administración de Justicia y que no ha recibido decisión o esta se ha tardado más allá del plazo legal y razonable; a pesar de que la generalidad es que no existe una Responsabilidad Extracontractual del Estado porque el aparato judicial está sujeto a condiciones internas y externas que le permiten sobrepasar dichos límites, lo cierto es que en materia de derechos prevalentes se debe respetar el término legal y en consecuencia existir la responsabilidad extracontractual del Estado, pues es por mandato constitucional que se establece este trato preferencial. El defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, se traduce en una falla del servicio, que se da porque no se decidió en el término legal un asunto que se llevó a la administración. Pese a que la operación lógico-jurídica indica que al no respetarse el término legal señalado en el ordenamiento jurídico procedería una demanda de reparación directa por ese solo hecho; ello no funciona así pues este mecanismo no solo está sujeto a un término legal, sino que también al que jurisprudencialmente se ha desarrollado (término razonable). Los derechos prevalentes consagrados en el artículo 44 de la Constitución Política, están actualmente sujetos al plazo razonable, esto significa que el Estado no está obedeciendo la propia carta, pues en ella se manda que los derechos de los niños deben prevalecer sobre los derechos de los demás, esto y en razón a que el Estado no está obligado a lo imposible, éste debe hacer lo que esté a su alcance, es por ello que en los asuntos que traten esta materia, los términos de decisión debe sujetarse al término legal, ya que en estricto sentido se debe aplicar el principio de igualdad entre iguales y desigualdad entre desiguales, que en este caso es la prevalencia que manda la Constitución Política.

La protección al consumidor de internet fijo en Colombia, 2011 a 2022

Woolcott Oyague, Olenka Dennis | 2023

El presente trabajo de grado, es una investigación que trata sobre los contratos de adhesión de internet fijo en Colombia, se realiza un análisis del derecho a internet a nivel internacional para llevarlo al campo nacional en relación con la normatividad existente, lo cual concluye a determinar que ya existe el derecho a internet a nivel internacional y que en Colombia se está empezando a desarrollar este derecho. También se realiza un análisis de la normatividad que protege al consumidor de internet fijo en Colombia con lo que se concluye que hace falta normatividad debido a las cláusulas abusivas que siguen imponiendo los proveedores de internet fijo, como lo es la cláusula de permanencia. Esto para relacionar el derecho a internet con los derechos de los consumidores, los cuales deben ser protegidos por el Estado en busca de minimizar la opresión de un servicio monopolizado por proveedores específicos, donde lo que se impone es el contrato de adhesión con cláusulas abusivas. Este trabajo explica la normativa vigente en Colombia del derecho a internet, pues se reconoció como servicio público esencial, pero demuestra que hace falta regulación en torno a la protección del derecho a internet que intrínsicamente está relacionado con los derechos de los consumidores los cuales son suprimidos en los contratos de adhesión por los proveedores de internet fijo en Colombia. El proyecto tiene como objeto determinar la protección de los consumidores de internet fijo siendo este un derecho público esencial en cuanto a la relación contractual con los proveedores en Colombia desde el 2011 al 2022. Finalizando la investigación con el análisis e interpretación de los resultados de la investigación donde se realizan conclusiones y alternativas encaminadas a la solución y mejoramiento de la regulación contractual y legal del nuevo derecho a internet.

Análisis de la estructura del fenómeno de la persecución y asesinato sistemático de los líderes sociales en el tipo penal del genocidio en el marco del proceso de paz, periodo 2016-2022

Sepúlveda López, Myriam | 2023

El genocidio es un delito reconocido a nivel internacional, sus antecedentes históricos sitúan su conceptualización en el Estatuto de Roma en 1998 y su posterior tipificación en Colombia tuvo lugar con la Ley 742 de 2002, posterior a ello, dicho concepto ha sufrido diferentes debates a lo largo de su desarrollo teórico debido a la exclusión de los grupos políticos en su definición, principalmente debido a la dificultad entre su individualización y su ubicación temporal, con lo cual, su reconocimiento cómo sujetos pasivos en la comisión de dicho delito vino con reformas posteriores, específicamente en Colombia, con la promulgación de la Ley 589 de 2000, a través de la cual se añadió la palabra político a su definición. Ahora bien, en el país, el delito de genocidio fue ratificado y desarrollado con base en dos ejes, prevención y prohibición y por otra parte, la sanción, con ello se pretende evitar todo tipo de vulneración en materia de derechos humanos a grupos sociales, políticos, religiosos, raciales o étnicos. Por otra parte, está investigación se centra en realizar un análisis socio-jurídico de la problemática que resulta del asesinato sistemático de líderes sociales en el país, en un intento por ubicar dichos sucesos o a dichos sujetos pasivos cómo una categoría dentro del tipo “político” en el delito de genocidio. Para lo cual, fue conveniente realizar un análisis socio-jurídico de la normativa que rodea el delito de genocidio en el país, igualmente, se realizó un análisis sobre el asesinato de líderes sociales en el territorio nacional con posterioridad a la firma del acuerdo de paz en 2016 con el objetivo de demostrar su sistematicidad.

¿De que forma el modelo etnoeducativo aplicado por la comunidad indigena Wayuu, contribuye a la generación de un modelo integral de educación en Colombia? (1991-2022)

Sepúlveda López, Myriam | 2022-04

En la actualidad se entiende que en un modelo de Estado Social de Derecho Colombiano es necesario conocer cuáles son los grupos étnicos y sus culturas dentro del territorio, partiendo de conceptos antropológicos como la multiculturalidad e interculturalidad, siendo uno de estos los grupos indígenas protegidos por el Estado, sin embargo, es necesario diferenciar si el modelo de etnoeducación puede ser un modelo educativo integral que permite el reconocimiento de las comunidades a través de la creación de políticas públicas para saber cuál es la implementación que propende el modelo educativo étnico con el fin de preservar la cultura en Colombia partiendo de los presupuestos educativos de la comunidad Wayuu. El objeto de la presente investigación, es el análisis de las problemáticas que se han presentado en el reconocimiento de las comunidades indígenas desde la Constitución de 1991 con el modelo etnoeducativo que, tiene por objetivo perpetuar la cultura originaria proponiendo un modelo integral de educación diferente al tradicional, basado en la comunidad Wayuu, es necesario entonces analizar cuál es la estructura de este modelo y por medio de la transmisión del lenguaje, cómo proponer un modelo basado en las nuevas tecnologías que, se encuentre enmarcado en el acceso a la educación de la comunidad Wayuu. La metodología se realizará, a través de un estudio con enfoque teórico y descriptivo, analizando diversos autores, legislación, jurisprudencia y sobre todo los pronunciamientos constitucionales frente al tema. Esta contiene posturas que indagan como la etnoeducación dentro del Estado Colombiano se ha desarrollado a través de políticas públicas que han implementado las entidades, cómo es su funcionamiento, trascendencia, aplicación e importancia. Se ha evidenciado que la etnoeducación es un modelo que, aunque se encuentra incluido y reconocido desde la Constitución del 1991 y al cual se le han creado políticas públicas, estas no se permiten de manera integral en todo el territorio, de esta manera que al no dar las herramientas la etnoeducación se tiene que supeditar al modelo tradicional de educación y su implementación, aún no se garantiza dentro de todo el territorio. Para concluir, la problemática que se evidencia sigue latente, en el sentido de que es necesaria la impartición de una educación bilingüe para aquellas comunidades que la requieran, de esta manera las comunidades indígenas privilegian la transmisión de su conocimiento, a través del lenguaje en donde las personas se sientan identificadas con la lengua y sus enseñanzas. De esta manera es importante la debida profesionalización de los docentes; este tipo de docentes requieren un mayor estudio para poder realizar sus clases, ya que los docentes son indispensables para la impartición de un modelo etnoeducativo porque a través de estos se garantiza la educación propia ya que es la persona que transmite el conocimiento y fortalece la identidad de las comunidades por medio de la enseñanza de la etnoeducación.

Caracterización de la política integral migratoria para la inclusión de migrantes en condición de discapacidad a una vida socio laboral digna

Ávila Hernández, Flor María | 2022

Generalmente hay una concepción sobre los fenómenos migratorios y es que estos se dan para migrar de un país en desarrollo hacia uno desarrollado. Pero como es evidente en la investigación este fenómeno bajo unas circunstancias especiales se da entre países en vías de desarrollo, lo que propone esta práctica más allá del hecho migratorio es comprender cuáles son esos elementos estructurales que promueven de forma continua la migración y a los inmigrantes de moverse de un lugar a otro.

Aportes a la consolidación de los mecanismos de participación ciudadana en Colombia desde la perspectiva de una democracia líquida y deliberativa

Motta Vargas, Ricardo | 2022

Esta investigación pretende tratar la democracia deliberativa y democracia líquida como teorías alternativas a nuestra comprensión del derecho actual. Sobre todo, en el contexto de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la constitución política de Colombia de 1991, la cual instauro las formas de aplicación y modos de participación ciudadana. Precisamente, estas formas de aplicación y modos no han permitido materializar el principio democrático, conllevando a una crisis de legitimidad del sistema, creando antagonismos propios de la instrumentalización del derecho como colonizador del mundo de la vida. Para esclarecer esto, se revisará la concepción de participación y se analizarán los resultados de los mecanismos de participación ciudadana en Colombia desde 1994 hasta 2020, a su vez, poner en evidencia las posibles contradicciones entre lo material y formal de los mismos. Luego, reflejar los aportes, la democracia deliberativa y democracia líquida como teorías integradoras del deslinde entre los sistemas político – administrativos, económicos y el sistema sociocultural, logrando así una integración del sistema e integración social. Esto a través de la reconfiguración del derecho y soberanía popular, desde la acción comunicativa y ética del discurso, dentro del espacio de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Finalmente, partiendo de una visión desde la democracia deliberativa y democracia líquida como alternativa a la crisis participativa y de legitimación vigentes en el constitucionalismo colombiano, la propuesta se fundamenta en una serie de principios metodológicos y prácticos para la convocatoria y toma de decisiones en los mecanismos de participación ciudadana.

La garantía del derecho a la comunicación y a la democratización de la información desde la perspectiva de la participación ciudadana a través de los medios de comunicación alternativos y comunitarios. Un análisis a partir del estudio de la implementación del punto dos del acuerdo final de paz en lo referente a la participación política

Laiton Romero, Andrea Cecilia | 2022

El presente documento tiene como finalidad realizar un análisis documental sobre las garantías, desarrollo, y accesibilidad del derecho fundamental a la comunicación y la democratización de la información, partiendo del desarrollo normativo internacional, integrado por bloque de constitucionalidad en la Constitución Política de Colombia de 1991, los avances en la implementación en los aspectos relacionados con la participación política de acuerdo con lo establecido en el punto dos del acuerdo final de paz, los pronunciamientos de la Corte Constitucional frente al derecho a la información y los aportes teóricos como forma de participación política a través de los medios de comunicación alternativos y comunitarios, siendo una apuesta para la construcción de paz entre los años 2016 al 2022. Todo lo anterior, con la finalidad de realizar una propuesta académica que sea tangible al medio de comunicación existente en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, como lo es la emisora Unicolmayor Radio Virtual

Cumplimiento del estado colombiano en el marco del acuerdo de paz con las farc-ep: caso de la amazonia colombiana como víctima del conflicto armado, 2016-2022

Sarmiento, Lucila | 2022

La presente monografía socio-jurídica hace un reconocimiento del rol que tuvo y tiene el conflicto armado colombiano en el ambiente, la manera en que ha sido sujeto de disputa, ocupación, apropiación, explotación y exterminio, haciendo referencia de manera particular al caso de la Región Amazónica; reconociendo quiénes han sido los actores en esta disputa y cómo el ambiente hace parte de las causas que provocaron y permitieron la prolongación durante más de 50 años de conflicto armado interno en Colombia. Por ende, tras analizar y exponer los daños ambientales directos e indirectos causados a la Amazonía y mediante la revisión de fuentes legales y jurisprudenciales se determina que es posible el reconocimiento de este cuerpo ecosistémico como víctima del conflicto armado colombiano; por lo tanto, se realiza una revisión crítica de las disposiciones del Acuerdo de Paz al respecto, además de la implementación de las mismas, lo cual evidencia que el cumplimiento ha sido escaso e insuficiente para la consolidación de una paz ambiental con justicia transicional y por consiguiente garantías de verdad, reparación y no repetición para la Región Amazónica

Análisis de convencionalidad. Perspectiva de género en el sistema nacional penitenciario y carcelario colombiano: la criminalización de las mujeres pobres en Colombia.

Garzón Buenaventura, Edgar Fabián | 2022

En el año de 1998, la Corte Constitucional declaró por primera vez mediante la Sentencia T-153/1998 el Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) al interior del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario (SNPC). Dicha declaración, fué reafirmada en el año 2013, por la Sentencia T-388/2013, dando la Corte un salto cualitativo y fija su atención en los derechos de los “Sujetos de Especial Protección Constitucional”, afirmando que toda persona privada de la libertad, sin importar cuál sea su condición, se encuentra en relación especial de sujeción con el Estado, y en este sentido se reconocen excepcionalmente a mujeres, niños, niñas, extranjeros, personas con orientaciones sexuales diversas, indígenas y afrodescendientes como sujetos de especial protección. Sin embargo, a pesar de la declaración de ECI, la tutela de los derechos de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) y la creación de Observatorios y Mesas de seguimiento, permanece en lo concreto y lo cotidiano la crisis carcelaria, son alarmantes las cifras de hacinamiento, como se evidencia en el histórico de población penitenciaria, el número de personas privadas de la libertad ha aumentado de forma extraordinaria. Donde para el caso de las mujeres y personas diversas sexualmente, la vulneración de derechos humanos pasa por una comprensión de la “perspectiva de género” y la falta de condiciones de infraestructura y procesales que tenga en cuenta dicha perspectiva. De tal modo, se plantea un desde un enfoque crítico-propositivo un análisis cualitativo de corte socio-jurídico, a partir de los lentes epistemológicos de la criminología crítica feminista a la categoría “perspectiva de género”. Realizando mediante la técnica de la revisión documental, una delimitación en doble sentido, uno teórico-conceptual y otro, jurídico-normativo, con ánimo de abordar la relación sociológica y normativa del problema socio-jurídico, adicionalmente, dicho análisis dinámico de presentes se realizó mediante la técnica de construcción de línea jurisprudencial. Dicha continuidad y permanencia del ECI por más de 24 años, se debe al afianzamiento del neoliberalismo como fórmula de mercado, que establece como campos de exclusión a los Establecimientos Penitenciarios, además de tener en cuenta que Colombia, es un país marcado por largo periodo de duración de conflicto político, social y armado, resultando ser un caldo de cultivo para la feminización de la pobreza, lo que conlleva a que muchas mujeres pobres debido a la falta de oportunidades entren a hacer parte de las cadenas de criminalidad, generalmente, el eslabón más débil. La continuidad de la vulneración de los DDHH de PPL hace uso de la figura de la inconstitucionalidad para exceptuar al Estado de su responsabilidad. Haciendo necesario plantear un estudio de convencionalidad, que permita encontrar a nivel internacional herramientas jurídicas, con la intención de transpolar dicho marco normativo intencional a los DDHH de las mujeres, niños, niñas y personas diversas sexualmente PL. En ese sentido, se ubican los Convenidos internacionales: Convenio para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y la Convención de Belem Do Para, ambos ratificados por Colombia. Además del caso 11.656 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de Marta Lucía Álvarez Giraldo vs. el Estado Colombiano, donde a partir de las recomendaciones emitidas por la CIDH se toman medidas por parte del INPEC para el tratamiento penal con “enfoque diferencial”.Por consiguiente, en un sentido propositivo, se construyó una medida cautelar, en un sentido hipotético, bajo los parámetros y requisitos de la CIDH, con el fin de blindar desde un marco convencional los derechos de mujeres, niñas y niños y personas diversas sexualmente PL en las cárceles colombianas.

Marco normativo y económico de las criptomonedas en Colombia en Relación con las legislaciones de México y el salvador en el Periodo 2015-2022

Acevedo Daza, Blanca Ligia | 2022

El constante avance de la tecnología ha impulsado cambios en las diferentes actividades humanas, como las formas en que las personas se comunican, comercializan y las diferentes formar en las que se utilizan la tecnología etc., hace parte de estas transformaciones la tecnología aplicada a las cripto monedas o cripto activos, entre sus principales características se encuentran que, su funcionamiento es únicamente de forma virtual, no dependen de un banco central para su generación y poseen hay un total anonimato en las transacciones que con ellas se realizan. Dadas estas características propias, las cripto monedas han facilitado en gran medida el intercambio de bienes y servicio, de manera digital. No obstante, también se han prestado para usos ilícitos como blanqueo de activos, actividades relacionadas al narcotráfico dada la complejidad del rastreo de sus transacciones. Así mismo, ha sido difícil para Colombia legislar sobre la materia, dada la poca información al respecto y a una serie de vacíos conceptuales que impiden clasificar correctamente la definición jurídica de las criptomonedas, lo que ha derivado en un limbo jurídico al respecto en este país. No obstante, países como México y El Salvador, ya ostentan acercamientos normativos al respecto, por lo tanto, pueden ser un punto de partida para dilucidar el camino que Colombia debería tomar frente al fenómeno Criptomonedas y políticas monetarias

Respeto de las garantías de la mujer desplazada y campesina como sujeto de derechos, en el acceso a la tierra y retorno al campo

Gomez Diaz, Karla Natalia | 2022

Control y vigilancia de la persona jurídica que surge de la propiedad horizontal en Bogotá en el marco de la normatividad vigente a 2022, con enfoque en estratos uno, dos y tres

Woolcott Oyague, Olenka Deniss | 2022-08

En Bogotá, al igual que en gran parte del país, está en constante aumento el número de conjuntos residenciales y edificios, al igual que el número de unidades habitacionales por copropiedad, predios sometidos al régimen de Propiedad Horizontal. Este sistema de vivienda está regulado por la ley 675 de 2001, norma con más de 20 años de vigencia sin actualización alguna, en un sistema que ha tenido cada vez diferentes dificultades en su funcionamiento, en especial en estratos uno, dos y tres. Esta ley establece que de la constitución de los predios al régimen de Propiedad Horizontal surge una persona jurídica sin ánimo de lucro, personería jurídica que es otorgada por el ente territorial correspondiente, entidad que igualmente certifica su existencia y representación legal. Constantemente se conocen diferentes problemáticas presentadas por actos jurídicos y administrativo incorrectos y en algunos casos corruptos, realizados por los órganos de administración de esta persona jurídica, sin embargo, los propietarios no tienen un ente ante quien acudir para prevenir la afectación a los bienes y recurso de los copropietarios, todas las acciones pueden impetrarse mediante demandas civiles y denuncias penales, pero solo una vez se consuman las afectaciones. Igualmente, la falta de conocimiento de los miembros del consejo de administración de las diferentes copropiedades y de los mismos propietarios y residentes permite que se vulneren derechos y recurso de quienes hacen parte de cada conjunto, sin existir un ente al cual se pueda acudir para realizar inspección vigilancia y control. La respuesta de la administración distrital como del gobierno nacional cuando se acude para prevenir esta problemática es la existencia de facultad ni competencia para intervenir en la Propiedad Horizontal. Haciendo revisión de la normatividad vigente a 2022 si existe facultad para el control de la persona jurídica, igualmente se han tramitado diferentes 8 proyectos de ley para la modificación de la ley 675 de 2001, iniciativa que han sido archivadas. Igualmente, a nivel internacional también se evidencia la necesidad de este control, por la tanto es necesario actualizar la ley 675 de 2001 definido el cómo y el que se debe controlar frente a la Propiedad Horizontal, separando el control de lo estrictamente urbanístico, no es el control de la figura física si no de la persona jurídica, por ende deben existir las herramientas necesarias para la inspección vigilancia y control de la persona jurídica que surge de la constitución de los predios al régimen de Propiedad Horizontal.

Análisis al Principio Del Mínimo Vital del Pensionado en Aplicación en Embargo a Pensión hasta El 50% en Procesos Ejecutivos con Acreedores Cooperativas en Colombia, Periodo 2006-2021

López Carrizosa, Luis Enrique | 2022

En Colombia, las pensiones por regla general son inembargables, sin embargo, de acuerdo con el artículo 134 de la Ley 100 de 1993, numeral 5.º, se permite la figura del embargo a las pensiones en favor de acreedores cooperativas legalmente constituidas. Esta investigación pretende contribuir al estudio jurisprudencial del mínimo vital como un derecho fundamental reconocido en la Sentencia T-426 de 1992, en donde se expone que este derecho se deriva de los principios del Estado Social de derecho: dignidad humana y solidaridad, como factores determinantes del desarrollo humano en pro de sus capacidades. A partir de este fallo, la Corte ha sido insistente y precisa en señalar que las personas requieren de bienes que les permitan llevar una vida digna y desarrollar todas sus dimensiones y capacidades como individuos, de modo que se hace necesaria la intervención del Estado para asegurar los mínimos materiales que permitan el disfrute efectivo de estos derechos.

Eficacia de la ley 1761 de 2015, ley que tipifica el feminicidio como delito independiente, en Colombia: bajo criterios de prevención, siendo este, uno de los fines de la pena contemplados en artículo 4 del código penal colombiano

Badrán Blanco, Roberto Ángel | 2021

La presente investigación busca hacer un informe detallado sobre las estadísticas de los feminicidios ocurridos entre el año 2018 y 2020 en Colombia, esto con el fin de establecer si es eficaz la ley 1761 de 2015, mediante la cual el estado colombiano reconoció el feminicidio como un delito autónomo e independiente. Para llevar a cabo los objetivos se estudiará el concepto de eficacia con relación a las funciones que cumple la pena según el artículo 4 la ley 599 del 2000, más conocido como código penal, este desarrollo de conceptos nos llevara a establecer si es eficaz o no

Acumulación Jurídica de Penas y Ley de Seguridad Ciudadana en el Periodo 2004 - 2022 ¿Inconstitucionalidad o Insuficiencia de Política Criminal Colombiana?

Badran Blanco, Roberto Angel | 2022

La prohibición de la prisión perpetua en Colombia es una garantía de orden constitucional, protegida por la Jurisprudencia de los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones, además se encuentra respaldada por el bloque de constitucionalidad, por lo tanto, en la coexistencia de una norma inferior que se encuentre en contradicción en todo o parcialmente con el mandato constitucional, deberá ser excluida del ordenamiento jurídico. La acumulación jurídica y aritmética de penas es una figura legal, que se encuentra en el Código de Procedimiento Penal Colombiano, consiste en la posibilidad que tiene el sujeto destinatario de la acción penal frente a la dosificación de la pena, ya sea por concurso de conductas punibles, por delitos conexos fallados independientemente, o cuando se profieren diferentes sentencias en varios procesos, se tenga en cuenta lo que a purgado de la primera sentencia como parte de la sanción a imponer, sin embargo, tal artículo trae consigo una limitación, no podrán acumularse las penas en circunstancias específicas lo que puede resultar vulnerante al precepto constitucional. Así las cosas, la política criminal actual frente a los artículos 5 y 9 de la Ley 2197 de 2022, puede también resultar violatorio al mandato constitucional, ello en correlación con el artículo 31 del Código Penal Colombiano, pues no estableció con suficiencia cuál será el tratamiento de los delitos masa y continuado en la dosificación ni su aplicación por analogía, además de incrementar las circunstancias de agravación punitiva en el concurso conductas punibles que cuentan en su tipicidad elementos subjetivos. No estableció hasta que tanto se aumentarán las penas, dejando el marco abierto en su interpretación, lo que abre la posibilidad de transgredir la garantía constitucional mencionada