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    • Acumulación Jurídica de Penas y Ley de Seguridad Ciudadana en el Periodo 2004 - 2022 ¿Inconstitucionalidad o Insuficiencia de Política Criminal Colombiana? 

      Salazar Alonso, Daren Marcelo; Segura Ahunca, Nicole (Universidad Colegio Mayor de CundinamarcaFacultad de DerechoBogotaDerecho, 2022)
      La prohibición de la prisión perpetua en Colombia es una garantía de orden constitucional, protegida por la Jurisprudencia de los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones, además se encuentra respaldada por el ...
    • Eficientísimo y garantismo del código de infancia y adolescencia frente el fenómeno de criminalidad juvenil en Colombia en el marco de la política criminal 

      Arias Romero, Angie Lorena; Castillo Ariza, Laura Melissa; Espinel Melo, Astrid Johana (Universidad Colegio Mayor de CundinamarcaFacultad de DerechoBogotá, Distrito CapitalDerecho, 2019)
      El trabajo de investigación se ha dedicado a identificar las problemáticas sociales, culturales y normativas que afectan a la población infantil y juvenil dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Durante el desarrollo ...
    • Grafología como instrumento alternativo para inimputables en el derecho penal colombiano 

      Ortiz Velandia, Sandra Lorena; Romero Chacón, Marlin Michell (Universidad Colegio Mayor de CundinamarcaFacultad de DerechoBogotá D.C.Derecho, 2020-12)
      El presente trabajo de investigación aborda la problemática que existe a partir del tratamiento carcelario y penitenciario que recibe una población de especial protección. Dicha condición especial, demanda por parte del ...
    • Incidencia de la política criminal sobre el hacinamiento en el establecimiento carcelario La Modelo de Bogotá D.C. en el periodo de 2019 -2022 

      Parra Romero, Hasbleidy Tatiana; Pinzón Molina, Wilmar Alejandro; Niño Atuesta, Wendy Dayana (Universidad Colegio Mayor de CundinamarcaFacultad de DerechoBogotá D.CDerecho, 2023)
      En Colombia la cantidad de personas privadas de la libertad han superado los límites que la infraestructura penitenciaria podría ofrecer, el Establecimiento Carcelario la Modelo no ha sido ajena a esta situación, razón por ...
    • Reevaluación del concepto de criminalización primaria desde la criminología critica como alternativa de solución a la crisis carcelaria y penitenciaria 

      Pedroza Alarcón, Brayan Steven (Universidad Colegio Mayor de CundinamarcaFacultad de DerechoBogotá D.C.Derecho, 2021)
      Los establecimientos de reclusión están reconocidos como aquellas instituciones, donde una persona “debe ser enviada y castigada” ante un eventual hecho de criminalidad una vez ha sido sometido a un proceso de juzgamiento, ...

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      • Acumulación Jurídica de Penas y Ley de Seguridad Ciudadana en el Periodo 2004 - 2022 ¿Inconstitucionalidad o Insuficiencia de Política Criminal Colombiana?

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        Badran Blanco, Roberto Angel | 2022

        La prohibición de la prisión perpetua en Colombia es una garantía de orden constitucional, protegida por la Jurisprudencia de los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones, además se encuentra respaldada por el bloque de constitucionalidad, por lo tanto, en la coexistencia de una norma inferior que se encuentre en contradicción en todo o parcialmente con el mandato constitucional, deberá ser excluida del ordenamiento jurídico. La acumulación jurídica y aritmética de penas es una figura legal, que se encuentra en el Código de Procedimiento Penal Colombiano, consiste en la posibilidad que tiene el sujeto destinatario de la acción penal frente a la dosificación de la pena, ya sea por concurso de conductas punibles, por delitos conexos fallados independientemente, o cuando se profieren diferentes sentencias en varios procesos, se tenga en cuenta lo que a purgado de la primera sentencia como parte de la sanción a imponer, sin embargo, tal artículo trae consigo una limitación, no podrán acumularse las penas en circunstancias específicas lo que puede resultar vulnerante al precepto constitucional. Así las cosas, la política criminal actual frente a los artículos 5 y 9 de la Ley 2197 de 2022, puede también resultar violatorio al mandato constitucional, ello en correlación con el artículo 31 del Código Penal Colombiano, pues no estableció con suficiencia cuál será el tratamiento de los delitos masa y continuado en la dosificación ni su aplicación por analogía, además de incrementar las circunstancias de agravación punitiva en el concurso conductas punibles que cuentan en su tipicidad elementos subjetivos. No estableció hasta que tanto se aumentarán las penas, dejando el marco abierto en su interpretación, lo que abre la posibilidad de transgredir la garantía constitucional mencionada

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      • Eficientísimo y garantismo del código de infancia y adolescencia frente el fenómeno de criminalidad juvenil en Colombia en el marco de la política criminal

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        López López, Hernán | 2019

        El trabajo de investigación se ha dedicado a identificar las problemáticas sociales, culturales y normativas que afectan a la población infantil y juvenil dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Durante el desarrollo del presente trabajo se permitió estudiar factores como la delincuencia juvenil, el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, los elementos constitutivos de reincidencia, la evolución normativa enmarcada en un concepto de análisis comparativo con otros países con el ánimo de identificar las falencias presentadas en el Código de Infancia y Adolescencia como una política criminal encargada de la protección de los menores infractores. Finalmente se realiza una propuesta integral mediante una política pública que retoma unos parámetros del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 con el ánimo de crear una línea de atención directa para menores que contribuya de forma positiva al crecimiento personal, familiar y social.

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      • Grafología como instrumento alternativo para inimputables en el derecho penal colombiano

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        Badrán Blanco, Roberto Ángel | 2020-12

        El presente trabajo de investigación aborda la problemática que existe a partir del tratamiento carcelario y penitenciario que recibe una población de especial protección. Dicha condición especial, demanda por parte del aparato jurisdiccional del Estado un tratamiento diferenciado en aras de la rehabilitación del individuo que padece de trastorno mental transitorio y es tratado penalmente. Por lo anterior, el presente trabajo de investigación en aras de proponer una solución alternativa al déficit que presenta el sistema penal colombiano propone a partir del estudio de los principios rectores del derecho penal, la implementación de un tratamiento a partir de la grafología en aras materializar el fin principal del tratamiento penitenciario al que son sometidos estos individuos.

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      • Incidencia de la política criminal sobre el hacinamiento en el establecimiento carcelario La Modelo de Bogotá D.C. en el periodo de 2019 -2022

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        Bradrán Blanco, Roberto Ángel | 2023

        En Colombia la cantidad de personas privadas de la libertad han superado los límites que la infraestructura penitenciaria podría ofrecer, el Establecimiento Carcelario la Modelo no ha sido ajena a esta situación, razón por la cual es pertinente hablar de un alto índice de hacinamiento presente en los últimos años en este centro de reclusión, fenómeno que no trae consigo la simple acomodación de varias personas que están cumpliendo su pena en un espacio reducido, sino que el hacinamiento necesariamente facilita la vulneración de todos los derechos fundamentales de los privados de la libertad. Esta situación de vulneración sistemática y continua de derechos fundamentales llevó precisamente a que la Corte Constitucional T-153 de 1998, abordara en un primer momento el problema jurídico sobre las condiciones en las que habían sometido a las personas privadas de la libertad en un establecimiento permeado por el hacinamiento, realizando este análisis precisamente en las Cárceles Modelo de Bogotá y Bellavista de Medellín, identificando consecuentemente la vulneración masiva y sistemática de derechos fundamentales de los internos, por ello en aras de restablecer un orden garantista para los internos, la Corte Constitucional ordenó que la elaboración y ejecución de un plan de acción que garantizara condiciones dignas en el marco del cumplimiento de una pena dentro del establecimiento penitenciario. Para el año 2013, la Corte Constitucional recoge todas las tutelas revisadas que pretendían principalmente el amparo de protección de derechos fundamentales como la integridad humana, la vida y la salud, declarando en Colombia el estado de cosas inconstitucional mediante sentencia T-388 de 2013, ordenando a la institucionalidad la toma de decisiones y acciones necesarias para detener la vulneración masiva y sistemática de derechos fundamentales. 7 En este orden, la Corte Constitucional con la sentencia T-762 de 2015, evaluando los alcances del estado de cosas inconstitucional declarado previamente con la sentencia T-388 de 2013, indica claramente que en Colombia existe una clara ausencia de políticas públicas, especialmente una política criminal adecuada, pues consideró que esta política ha estado al margen de los hechos presentes en los establecimientos carcelarios, por cuanto es reactiva, populista y con poca reflexibilidad y no es coherente con lo planteado. La anterior situación lleva entonces a cuestionar el enfoque de la política criminal adoptada en el Estado colombiano, pues se observa que no sólo se están vulnerando los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, sino que se empieza a evidenciar que los programas de resocialización son insuficientes, intensificando la reincidencia. Estas características iniciales de los efectos de la política criminal sobre el hacinamiento carcelario, especialmente en el Establecimiento Carcelario la Modelo de Bogotá D.C., obedece en principio a que la función de la pena plasmado en el artículo 4 de la ley 599 de 2000, ha sido enfocada al temor que causa la consecuencia jurídica en la persona cuando ha cometido un delito, especialmente con la privación de la libertad. En consecuencia, una política criminal adecuada es el eje central o pilar fundamental para empezar a reducir el hacinamiento carcelario, porque si no se adopta una política criminal acorde con la realidad nacional, donde la función de la pena sea en realidad resocializadora y preventiva, no surtirá el efecto positivo que se necesita, y de nada servirá modificar las leyes penales, endureciendo las penas, creando nuevos tipos penales, crear más cárceles, si todas esas acciones no se concretan en un objetivo que integre toda la institucionalidad y el fin primordial, prevenir el delito, por ende el hacinamiento carcelario.

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      • Reevaluación del concepto de criminalización primaria desde la criminología critica como alternativa de solución a la crisis carcelaria y penitenciaria

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        López López, Hernán | 2021

        Los establecimientos de reclusión están reconocidos como aquellas instituciones, donde una persona “debe ser enviada y castigada” ante un eventual hecho de criminalidad una vez ha sido sometido a un proceso de juzgamiento, figura que ha permanecido desde siglos y que hasta nuestros días perdura con esa percepción. Sin embargo, esa realidad en Colombia, llega a ser mucho más distopica de lo que en realidad refleja: hacinamiento, sobrepoblación, falta de servicios esenciales, corrupción, infraestructura en pésimas condiciones y una exacerbada violación de derechos humanos. Este panorama demuestra o refleja la realidad al interior de los establecimientos de reclusión. La sistemática violación de derechos fundamentales y condiciones que desconocen la vida digna, es considerada jurisprudencialmente como estado de cosas inconstitucional. Dicha problemática, se aborda a partir de un análisis criminológico buscando que desde el análisis de figuras como la seguridad ciudadana y la política criminal, logre replantear el concepto de mero retribucionismo, tanto como dispositivo de control y el derecho a ejercerlo, en la forma y magnitud que es aplicado por el Estado Colombiano, en el momento de definir las acciones merecedoras de un mayor juicio de reproche por parte de la sociedad en términos de sanción punitiva.

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