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La alternativa de sanción penal como instrumento que materialice la reinserción social en el actual sistema penitenciario Colombiano

Torres Rojas, Jimmy Felipe; Torres Castro, Elkin Yesid (Universidad Colegio Mayor de CundinamarcaFacultad de DerechoBogotá D.C.,Derecho, 2020-05)

La necesidad de realizar un análisis del problema social de la reinserción como el fin último de la pena dentro del sistema penitenciario Colombiano, surge de la utilidad práctica de las cárceles en el país; donde ...
Fundamentos jurídico-ideológicos comunes en la política de seguridad democrática de los gobiernos 2002-2010 y 2018-2022 en materia de estudio del derecho a la protesta

Romero Plata, Laura Estefanía (Universidad Colegio mayor de CundinamarcaFacultad de DerechoBogotá D.CDerecho, 2023-05-11)

En Colombia es preocupante la cifra creciente de violaciones de derechos humanos y, en específico, del derecho a la protesta; en este sentido, en el 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las ...
Protección del derecho al refugio de migrantes forzados: retos de los jueces constitucionales colombianos

Cubillos Leguizamo, Katheryn Andrea; López Rondón, Heidy Vannesa (Universidad Colegio Mayor de CundinamarcaFacultad de DerechoBogotá D.C.Derecho, 2021)

El problema que surge en torno a la protección del derecho al refugio de migrantes forzados por parte del Estado Colombiano, se aborda desde el presente trabajo de grado; el cual cuestiona, mediante una metodología cualitativa ...

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La alternativa de sanción penal como instrumento que materialice la reinserción social en el actual sistema penitenciario Colombiano
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Ávila Hernández, Flor María | 2020-05

La necesidad de realizar un análisis del problema social de la reinserción como el fin último de la pena dentro del sistema penitenciario Colombiano, surge de la utilidad práctica de las cárceles en el país; donde se evidencia que el aislamiento es la prioridad frente a las alternativas de sanción. Resultado de lo anterior, las cárceles sufren de hacinamiento y problemáticas sociales que repercuten en la práctica de la reinserción social, limitando la protección material al condenado. En consecuencia, se identifica el problema del aislamiento social como mecanismo de coerción del Estado y su prevalencia en el sistema penitenciario Colombiano, en contravía de la función de la pena y su ejecución al momento de aplicarla. En aras de buscar una solución alternativa que mitigue los efectos negativos del aislamiento social en las cárceles, es necesario realizar un análisis teórico de la situación actual en Colombia de los centros de reclusión; a partir de la criminología crítica, la legislación y doctrina vigente. Finalmente el análisis anterior, permite proponer una alternativa de sanción penal basada en el trabajo social; como fuente transversal de la dignidad humana y de la reinserción social del condenado, que traduce sus elementos en un ambiente propicio que desarrolla los efectos positivos de la supervisión del Estado en el progreso de la prevención especial; y abandona las consecuencias del aislamiento social en la formación del individuo que surge de un comportamiento antijurídico. Lo anterior, no solamente propuesto para la figura del condenado, como en primera medida lo concibe la ley; sino por el contrario desde la calificación del imputado, una vez se dicte por un juez de control de garantías la medida de privación de la libertad. Es así, que a pesar de la concepción primigenia de la reinserción social y su materialización en la condena; es posible controvertir esta premisa en la aplicación de una medida alternativa de sanción que inicie con la reinserción social desde la etapa de imputación, donde se vincula formalmente al sujeto al proceso.

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Fundamentos jurídico-ideológicos comunes en la política de seguridad democrática de los gobiernos 2002-2010 y 2018-2022 en materia de estudio del derecho a la protesta
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Ávila Hernández, Flor María | 2023-05-11

En Colombia es preocupante la cifra creciente de violaciones de derechos humanos y, en específico, del derecho a la protesta; en este sentido, en el 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas en el país, rechazó toda forma de violencia y reiteró la importancia de que el Estado honre sus obligaciones internacionales. Durante el informe presentando a lo largo del 2021 por Colombia a la CIDH, el Estado colombiano informó que, a la fecha, se había llevado a cabo, al menos, 9623 protestas en 794 municipios del país, con la participación aproximada de 1 493 791 personas. Del mismo modo, comunicó que, del total de protestas, 7801 no han presentado incidentes; sin embargo, la Comisión resaltó que en al menos 1038 manifestaciones se habían presentado casos de fallecimientos, desapariciones, personas heridas y agresiones sexuales, como consecuencia del uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza. Estos hechos se registraron, especialmente, en ciudades como Bogotá, Cali, Pereira, Popayán y Yumbo y los pueblos indígenas, las mujeres y las personas afrodescendientes tuvieron afectaciones particulares. En su Informe de Protesta y Derechos Humanos, la CIDH señaló que la dispersión o desconcentración de las manifestaciones de forma legal y legítima solo puede permitirse en casos muy excepcionales, mediante una orden expresa y fundamentada acerca de un riesgo grave para la vida o para la integridad física de las personas y, más que nada, cuando se haya intentado el diálogo y cuando no fuera posible otras medidas menos lesivas para proteger esos derechos. Asimismo, la decisión de dispersar una protesta por parte del Estado debe ser comunicada y explicada de manera clara, de modo tal que se permita su comprensión y cumplimiento por parte de los manifestantes, ofreciéndoles tiempo suficiente para dispersarse sin acudir al uso de la fuerza. Según las cifras oficiales del Centro de Investigación Popular (CINEP), dentro de los periodos presidenciales del 2002-2010 y 2018-2022 se encuentran las cifras más altas de violación a los derechos humanos y específicamente, del derecho a la protesta; además, los gobiernos de turno de esos años estuvieron gobernados por dirigentes de la misma ideología y el mismo partido político. Debido a lo anterior, fue necesario identificar los fundamentos jurídicos ideológicos comunes en la política de seguridad democrática y su efectividad o no, en relación con el respeto de los derechos humanos y, más que nada, al derecho humano a la protesta.

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Protección del derecho al refugio de migrantes forzados: retos de los jueces constitucionales colombianos
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Ávila Hernández, Flor María | 2021

El problema que surge en torno a la protección del derecho al refugio de migrantes forzados por parte del Estado Colombiano, se aborda desde el presente trabajo de grado; el cual cuestiona, mediante una metodología cualitativa de estudio de caso, cómo la Corte Constitucional ha brindado amparo a los migrantes forzados que arriban al país, a partir de sus providencias, teniendo en cuenta que Colombia ha acogido diversos instrumentos internacionales que atañen a la protección migrante, entre ellos el Protocolo y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. El análisis efectuado en este trabajo pone en evidencia que la intención del Legislativo y el Ejecutivo Colombiano de regular esta situación no ha ido más allá de la Ley 1465 del 2011 “por la cual se crea el Sistema Nacional de Migraciones” (2011), la Resolución 5797 de 2017 “por medio de la cual se crea un Permiso Especial de Permanencia”, el Conpes 3950 de 2018 y el reciente Decreto 216 de 2021, por medio del cual se expide el Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos, los cuales resultan insuficientes frente a la problemática que se vive en la actualidad, ya que obvian la condición de vulnerabilidad en la cual se encuentran estos extranjeros. En consecuencia, se trata de precisar el modo en que la Corte Constitucional, a través de un estudio de caso de las sentencias T 250 y T 073 de 2017, ha favorecido la protección del derecho al refugio, mediante un reconocimiento de la situación de indefensión de la población migrante, con base en la cual ordena la implementación de medidas que permitan el ejercicio efectivo de este derecho y de todas las demás garantías que de él se deriven

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Fundamentos jurídico-ideológicos comunes en la política de seguridad democrática de los gobiernos 2002-2010 y 2018-2022 en materia de estudio del derecho a la protesta

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